Contexto del proyecto

La situación socioeconómica de las mujeres y población LGBTIQ+ se ve visiblemente afectada por las dificultades de acceso y permanencia en el sistema educativo que determinan la calidad de ingreso y tasa de empleabilidad en el futuro. En el caso de las mujeres las dificultades están asociadas a los estereotipos de género en los procesos educativos y a la predominancia o refuerzo del rol reproductivo y cuidado sobre las mujeres que evita que culminen y avancen satisfactoriamente en sus estudios. 

Adicionalmente, es necesario resaltar que el ingreso de las mujeres a la educación superior ha aumentado sin embargo, la elección entre las carreras disponibles también se ve sesgada por estereotipos de género que han fortalecido la presencia de las mujeres en roles tradicionalmente femeninos como la educación y la salud; en estos sectores, las mujeres continúan evidenciando brechas en el ingreso. Si bien estas diferencias se han atenuado en la última década, aún son tendencia en el país. 

En el caso de la población LGBTIQ+, la disponibilidad de datos y fuentes de información es reducida, lo que evidencia los escasos esfuerzos de la institucionalidad por incluir la variable de género en el levantamiento y análisis de la información. No obstante, existen algunos informes de DDHH que han caracterizado la población LGBTIQ+ del país. Para el año 2019, el 87% de las personas LGBTIQ+ víctimas de algún tipo de violencia alcanzaron la básica secundaria como máximo nivel educativo; en contraste con solo el 23% de personas que alcanzaron el nivel universitario. 

Para el Ministerio de Educación, las personas trans están mayoritariamente excluidas de la política social, especialmente en el sistema de educación, manifestada en la deserción en los diferentes niveles educativos a razón de experiencias discriminatorias o la afectación por violencias físicas o psicológicas. Por ejemplo, en Bogotá, el 83,2 % de las personas trans entrevistadas en el marco de la Marcha de la ciudadanía LGBTIQ+ afirma haber sufrido discriminación y el 77,9 % otro tipo de agresiones; esto en la dimensión educativa se expresa con un total del 36% de las personas entrevistadas no han culminado sus estudios secundarios por las mismas razones (Ministerio de educación, 2018). 

La participación de las mujeres en el mercado laboral es un paso fundamental para la igualdad de género en Colombia. A nivel general, las mujeres componen buena parte de la fuerza laboral del país, no obstante, las brechas se evidencian en factores como el desempleo, condiciones del empleo y la remuneración. En primera instancia, la tasa de desempleo mantiene una brecha de 3 a 9 puntos en cuanto, independientemente de la edad o el nivel de estudios. 

Las dificultades para ingresar en el mercado laboral se han complejizado y profundizado con el COVD-19, de esta manera el ingreso de las mujeres a trabajos informales o que no garantizan el cumplimiento de sus derechos ha aumentado y sostenido la brecha salarial. Adicionalmente, hay que señalar otras barreras como la sobrecarga laboral ocasionada por los trabajos de cuidado no remunerados que obstaculizan la movilidad laboral. 

En el caso de la población LGBTIQ+, las barreras por las que atraviesan en el proceso de ingreso al mercado laboral están presentes en el proceso de formación, intermediación laboral, permanencia y desempleo. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación realizó un diagnóstico para la inclusión laboral de las personas LGBTIQ+ donde halló que la mayoría de personas ha sufrido algún tipo de discriminación o acoso en su entorno laboral o en el proceso de ingreso. 

De manera general, la ausencia de apoyo familiar y la discrminación en distintos entornos dificultan el acceso de las personas LGBTIQ+ al trabajo y generan consecuencias en el desarrollo de sus competencias y habilidades en el entorno laboral y les expone continuamente a la informalidad. El proceso social e institucional para cerrar las brechas de género en el ámbito laboral atraviesa por la transformación de los roles y estereotipos de género que fundamentan la discrminación hacia las personas LGBTIQ+ y la implementación de un enfoque diferencial en todas las etapas del proceso laboral. 

El cuidado es un derecho fundamental para las personas que requieren ser atendidos por quienes le proveen como niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas que sufren algún tipo de enfermedad o el cuidado del hogar y el bienestar.

Históricamente, estas labores de cuidado se han distribuido de manera desigual entre mujeres y hombres, debido a los roles que se les han asignado a las mujeres como las principales cuidadoras del hogar.  

Esta sobrecarga de las labores de cuidado en las mujeres trae como consecuencias físicas, emocionales y económicas en las mujeres que diariamente los ejercen en sus hogares que les impiden el acceso a ingresos propios, el ingreso o ascenso en el mercado laboral, la participación activa en la política y además su inclusión en el sistema de seguridad social. 

En este sentido, la reducción, la redistribución y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado sin duda es un reto importante para el país, teniendo en cuenta que según el DANE, el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres equivale al 15% del PIB nacional. Las mujeres realizan 15 horas más de trabajo doméstico no remunerado que los hombres semanalmente, lo que constituye una segunda jornada laboral para las mujeres, que no se ve representada en sus ingresos. 

Según las estimaciones de ONU Mujeres, a partir de la encuesta nacional del uso del tiempo y la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado adelantada por el DANE, las mujeres realizan el 78% de los trabajos de cuidado no remunerados en contraste con el 22% realizado por los hombres (ONU Mujeres y DANE, 2020). Lo anterior, evidencia la amplia brecha que existe en la asignación de los cuidados no remunerados que a pesar de la existencia de algunos avances continúa pendiente un sistema de bienestar social que acoja, integre y remunere las contribuciones de las mujeres a la sociedad y a la economía. 

Las violencias de género son todas aquellas manifestaciones y actos que atenten contra la integridad o el bienestar de las personas apoyada o fundamentada en su género. Las mujeres y la población LGBTIQ+ se pueden ver afectadas por violencias de diferentes tipos: físicas, sexuales, económicas y psicológicas en cualquier ámbito de sus vidas. 

En el año 2021, primer semestre del 2020, 26,7014.654 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas y 17,361 1886 mujeres reportaron haber sido violentadas sexualmente en Bogotá (INMLCF, 2021). Antes de la pandemia, el número de casos ya era escandaloso, con el confinamiento y la adaptación a esta nueva manera de vida, la violencia solo se exacerbó y se hizo más presente en los hogares bogotanos. 

El aumento de las llamadas a la Línea Púrpura, una línea de atención psicológica y jurídica a mujeres mayores de 18 años víctimas de violencias, fue del 230% (Canal Capital, 2020). Sin embargo, las denuncias hechas por las autoridades no aumentaron, lo que evidencia un subregistro en este tipo de violencias y sugiere la desconfianza de las mujeres en los canales institucionales de apoyo. 

La violencia contra las mujeres en política se manifiesta en amenazas o agresiones directas entre las que se incluye: difamar, criminalizar, deslegitimar, discriminar, reproducir estereotipos de género, proporcionar datos falsos, restringir el uso de la palabra, dañar material de campaña, agredir sexualmente, golpear, cometer feminicidio, entre otras. En definitiva, estas acciones son muestra de las resistencias que persisten en un panorama en el que la participación de las mujeres en espacios políticos ha ido en aumento de manera paulatina. En este contexto, existen entornos desde los cuales se reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, con los que se pretende menoscabar y desincentivar la participación de las mujeres en el espacio político.

Las acciones descritas previamente se pueden clasificar entre las siguientes formas de violencia: